Y posterior regañina en Casa Real, por saltarse el protocolo y la pobreza de argumentos.
La actriz Mabel Lozano presentó en Pamplona unas jornadas sobre la trata de personas.
La actriz Mabel Lozano en su afán de promocionar su documental "Voces", que aborda la prostitución de la mujer y la trata de personas con fines de explotación sexual, no dudó en manejar los siguientes datos: En Navarra ejercen la prostitución alrededor de 800 mujeres. De ellas, según datos del Ministerio de Igualdad, el 80% lo hacen en régimen de esclavitud. Esto quiere decir que 640 mujeres dependen de las redes de prostitución en la Comunidad Foral. A nivel estatal, la cifra se eleva hasta las 50.000 mujeres.
Si Mabel Lozano hubiera analizado la prostitución que se mueve (ó canaliza) a través de las redes sociales vería que esas 800 mujeres ya existen sólamente en la Capital, Pamplona, a las que debería añadir las existentes en otros focos como Tafalla, Estella, Tudela, y otros reductos más dispersos por la rioja navarra y las zonas media y norte. Tampoco Mabel Lozano puede equiparar a las redes de explotación con un "régimen de esclavitud" ya que las mismas adoptan diferentes composiciones, llegando incluso a ser utilizadas libremente por las mujeres que ejercen la prostitución (lógicamente bajo cumplimiento de ciertas normas). Así, ese régimen de esclavitud se vería reducido a un 30%-40%.
Mabel Lozano teoriza sobre el dilema del huevo y la gallina al afirmar que hay oferta porque hay demanda. Según el resultado del informe de Naciones Unidas, "el 39% de los españoles en alguna ocasión ha utilizado este tipo de servicios". "Esto nos sitúa como el país con mayor consumo de prostitución de Europa y el segundo del mundo, sólo por detrás de Puerto Rico", añadió Lozano. Esta relatividad es como afirmar que hay traficantes de drogas porque hay consumidores. No, Mabel Lozano, hay que dar a cada parte su justo valor, y saber qué cantidad de mujeres optan por el ejercicio de la prostitución como complemento (ó incluso como fuente principal) de su economía familiar, y aquí debe considerarse también la caótica situación económica a la que Gobiernos y Monopolios han conducido a la sociedad. Y la fracasada labor cultural y sanitaria que han desarrollado, para que quien un día ha probado la prostitución (de cualquiera de los dos lados) sepa que puede dejar de ser dependiente ó adicto.
¿Qué pasará cuando los garantes de la subsistencia de la población jubilada quiebren y dejen en la indigencia a todos aquellos que dependían de su solvencia? No es difícil imaginar que nos presentarán a uno ó dos delincuentes a quienes responsabilizar y encarcelar, para que a continuación tengan que intervenir nuevamente los Gobiernos como han hecho recientemente con la Banca.
Son muchos los frentes que se abren al futuro de los pensionistas y jubilados en España; por un lado están amenazados con el retraso de la edad de jubilación. No contentos con eso, pretenden aumentar los años de cotización para el cálculo de sus pensiones. El mecanismo del Gobierno para implantar esas medidas es el ya habitual de lanzar sondas para valorar la reacción de los ciudadanos.
Pero el verdadero e inconfesable problema al que nadie quiere enfrentarse es la reducción de las percepciones económicas para implantar la necesidad de apostar nuestra jubilación a la iniciativa privada. Son muchos los organismos internacionales que tienen puestos los ojos en la ineficacia de nuestro sistema de pensiones y apuran a tomar medidas para acabar con el mismo, y es porque el tiempo se les agota.
Desde que el sistema privado de pensiones comenzó a implantarse sólo tenían que preocuparse de aumentar el número de usuarios y de cobrar puntualmente las cuotas correspondientes. Tenían un ámplio margen de tiempo para invertir arriesgadamente el capital recaudado antes de verse en la obligación de hacer frente al pago de las pensiones.
Pero no contaban con las grandes pérdidas sufridas en la reciente quiebra económica de todas las economías y el vencimiento del tiempo para tener que ir retornando el dinero, asumiendo el pago de las pensiones privadas y no encontrando la forma de atraer a nuevos futuros pensionistas en un mercado laboral tan deteriorado como tenemos ahora.
¿Qué pasará cuando los garantes de la subsistencia de la población jubilada quiebren y dejen en la indigencia a todos aquellos que dependían de su solvencia? No es difícil imaginar que nos presentarán a uno ó dos delincuentes a quienes responsabilizar y encarcelar, para que a continuación tengan que intervenir nuevamente los Gobiernos como han hecho recientemente con la Banca.
Ayer no me dejaron disfrutar mi mañana de domingo. Y no fue porque no pusiera de mi parte todo lo que tenía que poner. Me disponía a tomar un relajado café con leche para cumplir con mi escueto desayuno, disfrutando las noticias del día, pero me quedé varado en las primeras páginas, mi café se amargó, y no pude dejaqr de pensar en ello durante todo el día.
El Ministerior de Economía y el Banco de España están negociando con las Cajas de Ahorros para ultimar el nuevo marco regulatorio de las mismas. Alrededor del mismo, se mueven unas ayudas mínimas de 9.000 millones de euros para afianzar un desequilibrio de las cajas superior a 300.000 millones.
Pero para ello, el Estado necesita efectuar recortes presupuestarios superiores a los 15.000 millones, y nadie nos dice nada de los beneficios obtenidos por aquellos 50.000 millones de dotación al fondo que se creó 2 años antes, al inicio de la recesión económica. Y qué mejor forma que obtener estos recortes de las clases menos pudientes y más indefensas.
Sólo invirtiendo el asiento contable de las cifras barajadas en este artículo, los ciudadanos deberíamos percibir una paga extraordinaria a cargo de los presupuestos del Estado, y luego este podría irse de vacaciones en alguno de los lujosos cruceros que surcan los mares.
Si se atiende a las fusiones y alianzas previstas hasta ayer, de las 45 cajas que competían en España antes de que el sistema financiero mundial empezase a venirse abajo, quedarán como mucho una veintena cuando pase la tormenta. En realidad, serán menos. Se diría que casi cada día, con mayor velocidad cuanto más se acerca el fin del plazo para acudir por la vía rápida al fondo de rescate (FROB), se producen los acuerdos y desacuerdos demostrando que casi la totalidad de las entidades participará de una alianza antes de finalizar el mes de junio, dando la vuelta por completo a la composición del sector. Incluso las dos de mayor tamaño, La Caixa y Caja Madrid, que parecían ajenas al proceso debido a su supremacía, han entrado ya en el baile.
Una vez más el Gobierno transmite el mensaje oficial de que no se trabajará en los cambios normativos de las cajas de momento, hasta que no culmine la reestructuración. Sin embargo, el vaivén de papeles, borradores y propuestas no ha cesado en las últimas semanas. El objetivo es que, en cuanto se acuerden las fusiones más inmediatas y necesarias, se tenga un nuevo texto para la ley con el consenso suficiente como para salvar el trámite parlamentario con celeridad.
El presidente de La Caixa, Isidro Fainé, se habría puesto al frente del sector para que la patronal de las cajas, la CECA, lidere el cambio. La postura está casi definida. Las líneas maestras figuran en un documento que se ha enviado al Ministerio de Economía y al Banco de España.
En lo que concierne a la forma de captar capital, aunque sigue habiendo un grupo de entidades que teme que la entrada en las cajas de partícipes privados con voto acabe por desvirtuar el sector, parece que el consenso está más cerca que nunca. El Gobierno se muestra conforme para sacar adelante una normativa que deje libertad a cada entidad para acogerse a un amplio abanico de modelos. La idea está plenamente en línea con la fórmula de "trajes a medida" que defiende Fainé.
Si se quiere optar por los títulos que ahora emiten las cajas, las cuotas participativas tendrían derecho de voto para darles el atractivo que no han tenido hasta ahora entre los inversores. Para superar las reticencias de los más reacios a esta privatización encubierta, se plantean varias opciones, como limitar el máximo de títulos que puede acabar en manos privadas al 40% del capital. Esta es la idea que cuenta con más adeptos. Seguirá vigente además la fórmula de cuotas sin derechos de voto.
El cambio más radical será el de aquellas entidades que decidan cotizar a través de fichas bancarias. De hecho, las llamadas fusiones frías entre cajas unifican riesgos, tesorería y el recurso a los mercados financieros pero no las marcas, lo que facilita esta posibilidad.
Sin embargo, la letra pequeña de todo este movimiento es que la reestructuración del sector de cajas está financiada por los contribuyentes españoles. Hasta el momento, han solicitado 9.500 millones de euros en ayudas para sus fusiones y sus rescates. De ese dinero, 5.724 millones están comprometidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y otros 3.775 millones los aportaría el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), sufragado por el propio sector.
El FROB, que estaba dotado inicialmente con 9.000 millones de euros aportados por el Estado y el Fondo de Garantía pero que puede endeudarse hasta los 99.000 millones, ha comprometido ya ayudas por dos tercios de su provisión, pero se prevee que en los próximos días esta cifra aumente considerablemente, ya que quedan por cerrarse varias fusiones que precisarán el apoyo del contribuyente para elevar la solvencia de las cajas que se unan.
Hasta el momento, la fusión que más ayudas ha solicitado es la efectuada por la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Su intención es hacerse con un máximo de 1.600 millones de euros.
También es elevada la cifra requerida por Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa (1.250 millones que ya están aprobados) y por Caixa Galicia y Caixanova (1.169 millones todavía por autorizar). El resto de fusiones son de entidades de menor tamaño y dadas las limitaciones que ha impuesto la Comisión Europea (no se puede superar el 2% del tamaño del grupo resultante) las cuantías que han solicitado son moderadas (ver gráfico adjunto).
Quien sí costará de primeras un pellizco al contribuyente, aunque se espera recuperarlo con su venta, es Cajasur. La Iglesia ha demostrado que no es lo mismo gestionar penitencias que balances bancarios y su decisión de dejar caer a la entidad costará inicialmente al Estado unos 800 millones de euros, más la cuantía que le tenga que inyectar en liquidez.
A cambio, por todos esos préstamos, que en general son a devolver en cinco años y con un tipo de interés inicial del 7,75%, el Estado percibiría sólo en el primer año, con los 5.724 millones comprometidos, unas ganancias de 443 millones.
Las otras ayudas millonarias las ha percibido Caja Castilla La Mancha (CCM) adquirida por Cajastur, aunque han sido del FGD. Ya le ha inyectado 1.300 millones y en los próximos años podría tener que aportarle hasta 2.475 millones si su morosidad se desboca.
Otro componente de esta segunda cara de la moneda son los informes y presiones externas. La agencia Moody´s, encargada de realizar la calificación de solvencia de las entidades financieras mundiales, acaba de publicar un informe en el que advierte que la banca española necesita provisionar 57.000 millones de euros adicionales para afrontar el previsible deterioro de su cartera de activos, que, según la agencia, “aún no ha alcanzado su punto álgido”. Veamos que quiere decir esto en lenguaje más coloquial: los bancos cuando se produce el impago de los créditos que tienen concedidos, han de “provisionar” esta morosidad como pérdidas en sus cuentas de resultados; es decir, considerarlo en ese momento como pérdida en sus cuentas de resultados. El sector bancario español tiene una excesiva exposición a la tremenda crisis que vive el sector inmobiliario, y no sólo porque casi dos tercios del crédito de las entidades esté concentrado en el mercado hipotecario, sino porque la deuda con los promotores inmobiliarios, imposible de cobrar por el hundimiento del sector, supera los 300.000 millones de euros.
La crisis ha sido creada por la especulación y por el capitalismo no controlado y desmedido, como explicaba el econimista Ricard Berges, y ya se sabe quién va a pagarlo, los de siempre. Zapatero contenta a la Patronal de empresarios CEOE con Díaz Ferran a la cabeza y al FMI con las mismas políticas de ajustes neoliberalistas que condenaron antes a muchos países a una profunda miseria. Descontenta a ciudadanos, sindicalistas, ministros, y diría que hasta a muchos de sus votantes con este giro a la derecha.
Así Nestor Kichner ex presidente argentino hoy secretario del Unasur declaraba por haberla vivido en propia piel: “Evidentemente, el FMI sigue con la misma receta, el mismo pensamiento, el mismo concepto. Por eso no creemos que, salvo para salvar a los grupos financieros, puedan servir para otra cosa que ajustar y hacer sufrir a los pueblos. Por eso, desde acá, le decimos con todo respeto a nuestros hermanos españoles y griegos que tengan mucho cuidado con las recetas del FMI”.
Algunos ministros socialistas llegaban a decir que el recorte en la inversión (6.045 millones de euros) va a frenar la recuperación económica y que la bajada de sueldos a los funcionarios lastrará el consumo, proponiendo que el paquete incluyera alguna medida fiscal «de izquierdas» que paliara el enfoque «liberal» del plan.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha puesto en marcha nueve medidas para ahorrar los 15.000 millones de euros que son necesarios para devolver el déficit al 3% antes del 2013:
Fuera de la lista quedaría la posibilidad de subir los impuestos a las rentas más altas, pero esta medida de momento queda solo en eso, “posibilidad“, y no se dice nada de los responsables de la crisis.
El Gobierno ha perdido mucho tiempo (2 años) y no acaba de enfrentarse a las necesarias reformas estructurales: la de la administración territorial, que permita una mayor unidad de mercado, la del mercado laboral que permita crear más empleo, del sector de la energía y de las Cajas de Ahorros. Sin exportaciones y reformas no habrá crecimiento económico ni generación de empleo.Y la más importante y complicada, con la que se vendió al inicio de la crisis para posicionarse en un lugar privilegiado en la toma de decisiones, la del sistema económico mundial.
El dato de caída de precios (deflación subyacente), muestra que el consumo no consigue ni recuperarse ni convertirse en motor de la economía. El elevado endeudamiento de las familias las está obligando a ahorrar más, para pagar lo que deben y, por tanto, a consumir menos, y el elevado desempleo también provoca que la gente consuma menos y ahorre más por motivo de precaución.
Las empresas, sobre todo las pequeñas, se mantienen con serias dificultades para acceder al crédito. Las entidades financieras se protegen de un aumento de la morosidad aumentando la prudencia en la concesión de créditos.
Samuel Bentolila, profesor de economía y colaborador de la fundación de estudios de economía aplicada, asegura en el blog nadaesgratis.es que las políticas del gobierno en materia de vivienda están sosteniendo el precio de la vivienda e impactando sobre la actividad emprendedora y el crédito. El experto asegura que hay sospechas fundadas de que “la reducción del precio de la vivienda podría ser mayor de lo que dice el gobierno”, y pone como ejemplo caídas mucho mayores en países como Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido donde las burbujas han sido menores que la española y donde la tasa de paro no es tan elevada como en nuestro país.
El economista achaca la ínfima caída de los precios, al proteccionismo que emana de medidas como:
- la desaparición de la desgravación por compra de vivienda en el IRPF a partir de 2011.
- la permisividad en la absorción de inmuebles por la banca, “habiéndose aumentado su penalización sólo recientemente”.
- los esfuerzos para evitar que el suelo de la banca pierda valor haciendo que se hundan las provisiones de los bancos, mediante el retraso de la entrada en vigor de la ley de economía sostenible hasta 2013.
- la política informativa del gobierno, falseando contínuamente la realidad para provocar la reactivación del consumo en el sector.
El economista finaliza afirmando que es condición necesaria para la recuperación del sector reconocer las pérdidas incurridas como consecuencia de la burbuja, lo que conllevaría efectos negativos para los agentes que han sufrido esas pérdidas, y para ello "es necesario que las políticas públicas no impidan artificialmente el ajuste de los precios de la vivienda”.
Recientemente se ha lanzado http://estosololoarreglamosentretodos.org un blog que desea contrarrestar el alarmismo, las malas noticias o el enfoque negativo y hasta sensacionalista que utilizan algunos medios.
En él se pueden encontrar noticias positivas sobre la crisis y algo que muchas personas podrán valorar: testimonios de personas que están venciendo la crisis; en ellos puedes darte cuenta que “aunque te gustaría estar mejor hay muchas personas que les gustaría estar en tu lugar” o que es posible encontrar una solución creativa a cada problema de la vida. El mensaje de fondo sería: “No esperes que el gobierno u otra persona te saque de la crisis, eres tú quien debe hacer algo al respecto”.